viernes, 8 de enero de 2010

Vivienda Digna (Ley y Reglamento)

Vivienda Digna (Ley y Reglamento)

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.

(Artículo 11.1)
a. Déficit habitacional
La misma Secretaria General de Planificación reconoce que una de las deficiencias del sector vivienda en Guatemala ha sido la falta del diseño y aplicación de una política de vivienda y asentamientos humanos de largo plazo, que permita un desarrollo integral y sostenido de los conjuntos habitacionales, reduzca significativamente el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda, y haga eficiente y continua la inversión destinada a este sector.
Según Segeplan, el problema habitacional en Guatemala se evidencia por el creciente número de asentamientos humanos precarios, que muestran un alto grado de deterioro de la calidad de la vivienda, hacinamiento y deterioro o inexistencia de los servicios básicos mínimos como agua y drenajes, así como difíciles accesos e inadecuados servicios públicos [24].
El déficit habitacional acumulado supera el millón y medio de viviendas, con un incremento anual de alrededor de 43 mil unidades. Mientras la construcción de viviendas no supera las seis mil unidades al año, es decir no cubre ni siquiera la demanda anual [25].
Geográficamente se estima que el 15% del déficit se encuentra en el departamento de Guatemala, y el restante 85% en el interior del país.
Se estima que las tres cuartas partes del déficit habitacional tiene carácter cualitativo, dado por la baja calidad de las construcciones y la carencia de servicios básicos, detallada en continuación. El restante 25% del déficit se refiere a la ausencia de soluciones habitacionales, lo cual provoca fenómenos de hacinamiento y el asentamiento de viviendas precarias en lugares de alto riesgo [26].
b. Calidad de la vivienda
En términos de la calidad de la vivienda, los siguientes datos indican la situación delicada de la misma: el nivel de hacinamiento es muy alto (41% de la población) y no ha cambiado entre el año 1994 y el 2000 [27]. El 52.2% de la población vive en un cuarto, compartiendo éste entre tres personas o más (el 10% con 7 personas o más). El 12% de la población no tiene sanitario, ni siquiera letrina, destacando la región suroriente con un 34.1%. El 38.6% de la población usa letrinas, porcentaje que en todas las regiones fuera de la Metropolitana es considerablemente más alto. El 35.9% de las viviendas tienen piso de tierra o arena, el 13.2% techo de teja o paja y el 66% de láminas de zinc; y el 24% paredes de adobe [28].
En cuanto a la basura, sólo el 14% de las viviendas están cubiertas por el servicios municipal, el 22.3% paga servicio privado y el resto de la población la tiran en el terreno, en la calle o la queman. únicamente el 34% de la población cuenta con teléfono, el 41% con drenaje, el 46.6% con agua entubada, y un 81.6% con energía eléctrica, destacando la baja cobertura en la región Norte (Verapaces) con 46.5% y Petén (50.4%)[29].
La mayoría de la vivienda es propia (80.1%) [30], únicamente el 12.1% alquila.
d. Políticas públicas y financiamiento
En una primera etapa el gobierno promovió su política de vivienda a través del Fondo Guatemalteco para la Vivienda FOGUAVI. El FOGUAVI basó su estrategia en la entrega de préstamos en condiciones de mercado con variables y altas tasas de interés, y la entrega de un subsidio que originó el incremento en la especulación del precio de los lotes. El modelo no ha beneficiado a los más pobres y únicamente ha sido fuente de beneficio para empresas constructoras y bancos privados.
En los últimos años la situación se ha deteriorado por la falta de recursos destinados a la construcción de viviendas. Aunque se han asignado las cantidades correspondientes (1.5% de los ingresos tributarios), la ejecución presupuestaria en vivienda alcanzó el 0.1% (Q10.1 millones) de los ingresos tributarios en el 2000, el 0.8% (Q131 millones) de los ingresos tributarios en el 2001, y un gasto de 0.9 % (Q. 170 millones) de los ingresos tributarios para el 2002 [31] . El gasto en vivienda se ha limitado en los últimos tres años a varios programas referentes a población desarraigada, desmovilizados y deudas acumuladas por el FOGUAVI con las constructoras privadas [32].
Finalmente, desde agosto de 2001 se elaboró el borrador final de la “Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos”, con un alto grado de consenso de los diversos sectores involucrados: gobierno, sociedad civil y empresarios. Sin embargo, a la fecha no se visualiza la voluntad política para impulsarla. Adicionalmente es necesario adecuar la Legislación a la nueva política, especialmente la Ley de Asentamientos Humanos y la elaboración de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial [33].


Por iiarquitectos

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