La Fiscalía del Tribunal de Cuentas de la región de Venecia ha pedido al arquitecto Santiago Calatrava y a su equipo una compensación de 3,4 millones de euros por «daños al erario público» por errores en la construcción del puente sobre el Gran Canal de Venecia. El presupuesto inicial para el puente era de 3,8 millones, pero hasta el momento ha costado 11,2 millones de euros.
La realización del Cuarto Puente sobre el Gran Canal ha comportado un aumento objetivo y temerario de los coste respecto al gasto previsto inicialmente y comportará en el futuro un desembolso económico constante y desproporcionado por parte de la administración», señala el texto de la Fiscalía, recogido por el periódico veneciano «La Nuova».
«La obra sufre de una patología crónica caracterizada por la necesidad de una vigilancia constante y de un recurso continuo a intervenciones en modo alguno relacionadas con el mantenimiento de rutina», sostiene el escrito, firmado por el fiscal Carmine Scarano.
El documento, basado en cuatro estudios técnicos distintos, denuncia un «asombroso y vergonzoso conjunto de errores» tanto en la fase de planificación como en la de ejecución y en la preparación de la licitación. En concreto, Scarano sostiene que hubo errores de diseño que atribuye a Calatrava y a otras seis personas: Roberto Scibilia, Salvatore Vento, Roberto Casarin, Franco Bonzio, Luigi Licciardo y Hermes Redi. «Son hechos que justifican una citación por daño al erario público», concluye
La realización del Cuarto Puente sobre el Gran Canal ha comportado un aumento objetivo y temerario de los coste respecto al gasto previsto inicialmente y comportará en el futuro un desembolso económico constante y desproporcionado por parte de la administración», señala el texto de la Fiscalía, recogido por el periódico veneciano «La Nuova».
«La obra sufre de una patología crónica caracterizada por la necesidad de una vigilancia constante y de un recurso continuo a intervenciones en modo alguno relacionadas con el mantenimiento de rutina», sostiene el escrito, firmado por el fiscal Carmine Scarano.
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Por iiarquitectos y arq.com.mx
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